Sobre el aborto legal, seguro y gratuito como derecho de salud pública

Sobre el aborto legal, seguro y gratuito como derecho de salud pública

Fotos cortesía de la autora: Berenice Hernández (berenicehepe@gmail.com) 

 

 

#HistorizameEsta

#LatinoamericaFeminista

#AbortoLegalYa

 

 

Para comenzar a hablar de este tema me gustaría situar la discusión en torno a la noción que se tiene sobre la propia vida humana, pues considero que ahí se encuentra justamente el centro de nuestro debate. Pienso en algunas cuestiones que la filosofa estadounidense Judith Butler ha planteado con respecto a la existencia de vidas precarias (en: Marcos de guerra. Las vidas lloradas), y por ello considero que es necesario dirigir nuestra atención en el “tipo de vida humana” que buscamos preservar. 

Indiscutiblemente, la fecundación de un óvulo por un espermatozoide iniciará un proceso biológico que dará como resultado la formación de un embrión, en un primer momento, y de un feto, en un segundo momento. Pongo especial énfasis en este proceso, debido a que pretendo agotar cualquier debate que se genere en torno a la existencia de vida reconociendo de una vez que, en efecto, dichas células se encuentran vivas. Pero de eso a hablar sobre la existencia de una vida propiamente humana hay un determinado trecho que básicamente se concreta después de nueve meses, con la formación de ese producto y su llegada a este mundo. Quiero, sin embargo, que no perdamos de vista el valor que se le da a esta incipiente vida humana (de un ser humano que no existe, sino que está en proceso de formación) con respecto a una vida humana históricamente constituida (es decir, que existe y que forma parte de este plano terrenal con una temporalidad que puede abarcar varios años, pero que incluso podría tratarse sólo de meses o días); pues a mí parecer ese es el punto nodal que separa a los dos bandos que actualmente se posicionan a favor y en contra de la legalización de la practica del aborto.

De esta forma, bajo el precepto de asegurar el completo desarrollo de una vida humana que está en proceso de formación, se niegan los derechos ciudadanos de aquella humanidad gestante y se le fuerza a que su corporalidad lleve a termino el referido proceso biológico (nótese que sólo se pone empeño en preservar la fecundación cuando ésta tiene lugar en una corporalidad, pero no así cuando ésta acontece en un laboratorio destinado a generar riqueza en función de dicha práctica; la llamada fecundación in vitro). El problema con este raciocinio no sólo es que se deprecie el valor de la propia vida humana, al conferirle mayor relevancia a aquella que está en vías de formación por encima de aquella que ya existe; sino, sobre todo, que se aliente la preservación de un mundo en el que se acepte que la reproducción de nuestra especie pueda darse a través de encuentros sexuales forzados (violaciones) y que las infantas pueden ser objeto no sólo de tales agresiones, sino también obligadas a parir en caso de que tengan el infortunio de que sus cuerpos sean fértiles.

En pleno siglo XXI, algunos países del mundo aceptan que la fecundación de un óvulo por un espermatozoide no necesariamente tenga que derivar en la gestación final de ese producto; de hecho, Rusia asimiló esta realidad desde 1920, mientras que en la región latinoamericana Cuba fue el primer país en reconocer este derecho de salud pública desde 1965. Es oportuno que hablemos de la práctica del aborto como un derecho de salud pública, justamente porque este proceso se encuentra inscrito en el campo de la salud reproductiva y, en ese sentido, es un tema que compete enteramente a las féminas y que abre la pauta para discutir sobre el reconocimiento de sus derechos ciudadanos. 

Para plantear este debate tenemos que comenzar haciéndolo tanto en términos espaciales (a nivel global), como en términos temporales (a nivel histórico); ya que ambos nos ayudan a tener una idea más clara del lugar en que se sitúa México con respecto a este tema, así como el propio movimiento que se ha generado en este sentido en América Latina. Así, mientras que en términos mundiales podemos observar que algunos Estados han reconocido la practica del aborto como un derecho de salud pública de sus ciudadanas desde hace algunas décadas; en términos temporales nos conviene tomar como referente el momento en que el derecho al voto le fue otorgado a las mujeres (1953), ya que nuestro país fue uno de los últimos en reconocerlo dentro de la región Latinoamericana. 

 

 

Con este último punto quiero hacer notar que el reconocimiento de los derechos femeninos no suele ser muy ágil en México, pese a que éstos sean aceptados en otras partes del mundo. Incluso quiero precisar que, aunque existan dos estados (Ciudad de México y Oaxaca) donde dicha practica está despenalizada, ello no significa que se pueda garantizar la ejecución de dicho proceso (como sucede en Uruguay) y, en última instancia, mientras no sea reconocido en todo el territorio nacional no habrá condiciones para que la sociedad le confiera más valor a las vidas humanas históricamente constituidas (la de las gestantes) por encima de aquellas que están en formación (las celulares).

Mientras esto no sea atendido, se seguirá promoviendo la existencia de un mundo en el que la maternidad sea el gran paradigma femenino y, en consecuencia, el sentido último de nuestra existencia. Eso tendría sentido en un mundo capitalista, en el que la reproducción humana es deseada para fines de consumo y de mano de obra barata; así como en un mundo que se empeña por mantener una visión machista del devenir social, en el que las vidas humanas femeninas tienen poco o nulo valor en comparación con las vidas humanas masculinas o, incluso, de las células que están en proceso de formación (células que, de llegar a definirse como seres humano con útero, tendrán el mismo escenario de una procreación legal y socialmente forzada). 

El control y sometimiento de las mujeres por parte del Estado, como ciudadanas a quienes se les inhibe su poder de elección en temas de carácter de salud reproductiva es un tema que compete a toda la sociedad en general; sobre todo a aquella parte que ha alcanzado la madurez y que puede incidir con más ímpetu en la construcción de la realidad social. Sin embargo, antes de condicionar los casos y circunstancias en que un aborto puede llevarse a cabo sin ser perseguido por la ley o de negar la gratuidad de dicha atención médica en función de comparaciones innecesarias con algunas enfermedades y demás argumentos sin sentido; esa sociedad tendría que considerar los altos índices de violaciones infantiles que devienen en embarazos, así como las condiciones de violencia sexual que muchas mujeres viven con sus propias parejas para que, en función de esa empatía, se reconozcan las desventajas sociales y económicas que históricamente ha padecido ese sector y, en consecuencia, se asuma un posicionamiento político a favor del reconocimiento de tal derecho de salud pública y de su gratuidad. 

Aquí vale la pena que tengamos presente que la Campaña (inter) Nacional para la Despenalización del Aborto también plantea que se garantice la educación sexual de los ciudadanos (hombres y mujeres por igual) y el acceso gratuito de éstos a los diversos métodos anticonceptivos ya que, en pleno segundo milenio, no podemos seguir siendo indiferentes a un tema tan crucial para la especie humana como lo es el de nuestra reproducción y nuestra sexualidad. Estamos en un punto en que el reconocimiento del derecho de la totalidad de las ciudadanas mexicanas para elegir libremente si desean ser gestantes o no, ya no puede esperar más. El debate es muy claro y los bandos están muy bien definidos.

 

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