México: la política del terror provoca el levantamiento moral de la población

El 26 de septiembre, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron capturados como blanco de la policía municipal en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, al sur de México. Se encontraron seis cuerpos, entre ellos tres estudiantes (uno atrozmente desfigurado). Otros cuarenta y tres siguen desaparecidos. Los estudiantes habían sido entregados a una de las organizaciones criminales, Guerreros Unidos, estrechamente vinculada al alcalde del lugar y a su esposa. Las búsquedas realizadas en las áreas cercanas han revelado hasta ahora muchas tumbas, sin que los cuerpos de los desaparecidos hayan sido formalmente identificados. Según investigaciones realizadas por el Ministerio de Justicia, esos cuerpos habrían sido incinerados y las cenizas arrojadas a un río (Le Monde, 23 de octubre, 4 y 7 de noviembre del 2014). 

México está en estado de shock. La masacre de Iguala es uno de los últimos crímenes registrados, hasta la fecha, dentro de una larga serie de crímenes extremadamente violentos, acompañados a menudo de escenarios macabros, destinados a hacer reinar el terror. Estos son perpetrados, en la mayoría de los casos, por los traficantes de drogas que también practican a gran escala el secuestro, la extorsión, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de armas... sin olvidar la criminalidad de cuello blanco y la penetración de los flujos financieros en Estados Unidos y alrededor del mundo. 

Una inversión o reversión de poderes se llevó a cabo en México en la última década. En el sistema de Estado corporativo que reinaba hasta la elección presidencial del 2000, el partido del estado, el Partido Revolucionario Institucional, incorporaba a las mafias a la actividad como otro sector más. La derrota del PRI en el 2000 orilló al narcotráfico a la autonomía que, al mismo tiempo, estallaba en el espacio mexicano mientras las mafias colombianas eran decapitadas.

Domando (controlando) a la Hidra

El uso del ejército contra el narcotráfico entre el 2006 y el 2012 bajo la presidencia de Felipe Calderón (Partido Acción Nacional, PAN, derecha liberal) acentuó la fragmentación y la guerra, sin piedad, entre los carteles y los “sub-carteles”, aún más sanguinarios. Dicha división dio como resultado, sólo en este período, a más de 70,000 muertos y unos 20,000 desaparecidos, oficialmente identificados. Algunas bandas han sido debilitadas o desplazadas, otras vieron crecer su poder vertiginosamente. “El efecto cucaracha” (las cucarachas perseguidas en un lugar se acomodan en otro) no dejó ninguna región amparada y alentó el establecimiento de carteles mexicanos más allá de las fronteras, en Centroamérica particularmente. 

Numerosos mexicanos esperaban que el regreso del PRI como cabeza de estado lograría domar a la Hidra. Desde el comienzo de sus funciones en el 2012, el presidente Enrique Peña Nieto ha intentado garantizar la idea de que su gobierno lo lograría. Convocó al general colombiano Oscar Naranjo, artesano de la política de seguridad del presidente Álvaro Uribe (2002-2010), y algunos logros han sido registrados. Joaquín Guzmán, también conocido como El Chapo, así como otros renombrados “Padrinos”, han sido eliminados o arrestados.

Pero el aparato del Estado y el sistema político están profundamente corrompidos. Los carteles mexicanos tienen sus ramificaciones en la economía y las finanzas mundiales y han obtenido más poder que las autoridades políticas. Hoy en día, el Estado instrumentaliza menos al crimen organizado ya que lo tiene sumergido; éste es uno de los desafíos de la guerra entre carteles. Y en este sentido se puede hablar de un Estado fallido.

El caso de Guerrero es emblemático. La casi totalidad de las autoridades deben su elección al financiamiento de los carteles, que recompensan integrando a sus hombres de confianza en las policías locales y regionales y en otros puestos del sector público. Esto también se aplica a los partidos de oposición. El gobernador de Guerrero y el alcalde de Iguala (arrestado al igual que su esposa después de un mes de estar a la fuga) fueron elegidos con la etiqueta del Partido de la Revolución Democrática (PRD, centro izquierda). 

La violencia resta sentido a la acción política y prohíbe la acción social. La violencia también tiene como objetivo destruir los movimientos sociales —en este caso, el foco de protestas de la escuela normal de Ayotzinapa. Pero la violencia tiene efectos aún más profundos: destruyen los fundamentos de la vida comunitaria, socavan la esperanza, corroen el valor de la vida humana y la propia idea de humanidad.

Hastío

Sin embargo, la sociedad mexicana está lejos de estar inerte frente a este pulpo. Las movilizaciones contra la violencia se han multiplicado en los últimos días. Desde la desaparición de los 43 estudiantes en México, en Guerrero, y en todo el país, cientos de miles de manifestantes expresan su ira, su hastío y su solidaridad con las familias de los desaparecidos. Estamos siendo testigos de un verdadero levantamiento moral, mismo si esta indignación se queda por el momento sin una desembocadura (debacle-respuesta) política. Mientras reinen la violencia, la arbitrariedad, la corrupción y la impunidad, el Estado de Derecho prometido por los actores de la “transición democrática” de las últimas décadas no es, para la mayoría de los mexicanos, más que una fórmula. 

Mientras no se instaure ese Estado de Derecho, México continuará cayendo en una barbarie que es similar, menos en ideología, con las de Daech (Estado islámico) en Siria y en Irak o en Boko Haram al norte de Nigeria: actores híper violentos no estadistas que desafían y desbordan los Estados-Nación; actividades criminales que sobrepasan las fronteras; ejecuciones masivas; torturas y decapitaciones; secuestros individuales o en grupo, sobre todo a niñas y niños; explotación sexual de mujeres; financiamiento creado por los rescates; chantajes y tráfico de todo tipo. Esta política de terror utiliza un exhibicionismo sanguinario, que ilustra, por medio del ejemplo, a esta nueva atrocidad en el norte de México: el asesinato a mediados de octubre de María del Rosario Fuentes, médico en Reynosa, ciudad fronteriza con Texas llamada “Ciudad Cartel”. Con un nombre en código, María del Rosario Fuentes animaba a una fuente de información sobre las actividades del crimen organizado de su estado, Tamaulipas, uno de los más afectados (es ahí que 72 migrantes centroamericanos fueron masacrados en el 2010). Los narcotraficantes terminaron identificándola y la secuestraron. Ellos la obligaron a anunciar su ejecución en su propia cuenta de Twiter, antes de publicar una foto de su cadáver, decapitado.

Artículo publicado originalmente por Le Monde. Traducción del francés por Belén Neira.

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Yvon Le Bot. Autor de numerosas obras sobre Latinoamérica, principalmente sobre El sueño zapatista (Seuil, 1997) y La gran revolución indígena (Robert Laffont, 2009).

Foto: Santiago Arau.

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