LA MUJER MIGRANTE
Alma Domínguez: Menstruación, mixta/papel, 18” x 24”, 2010
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INTRODUCCIÓN
Según cifras del Institute for Women’s Policy Research (IWPR por sus siglas en inglés) hay 21 millones de mujeres migrantes viviendo en Estados Unidos de América (EUA); 25.6% de ese total son mexicanas, 5.3% filipinas, 4.7% chinas y 4.6% hindúes.
Hablar en la actualidad de migración, ya no solo se circunscribe a cambiar de domicilio por falta de oportunidades laborales, reunión familiar o estudiar en el extranjero. A la problemática se suman desplazamientos forzados por violencia, persecuciones, terrorismo, violaciones a los derechos humanos (DDHH), cambio climático, desastres naturales y un largo etcétera. Tan solo la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (OACNUR) consigna que para 2018 se tenían contabilizados 70 millones de personas desplazadas: 26 millones de refugiados, 3.5 solicitantes de asilo y 41 millones de desplazados internos.
El presente informe contiene números oficiales sobre mujeres migrantes mexicanas en EUA, entrevistas a servidoras/es públicos y sociedad civil con trabajo en el tema, y tres artículos de opinión, con el objeto de obtener un primer esbozo de datos que nos permitan identificar puntos clave que deban atenderse en la agenda de movilidad global para garantizar una vida digna a las mujeres que viven y transitan de México a la Unión Americana.
DATA DE MUJERES MIGRANTES
De acuerdo a el Prontuario sobre movilidad y migración internacional: Dimensiones del fenómeno en México (2016), en el periodo de 2009-2014, 86.6% de los migrantes nacidos en México (581,269) tuvo como país de destino Estados Unidos de América. 129,654 fueron mujeres en su mayoría (67.6%) de 20-39 años.
Las principales entidades de nacimiento son:
Michoacán (10.9%), Guanajuato (10.3%), la Ciudad de México (8.2%), Jalisco (6.2%) y San Luis Potosí (5.0 por ciento).
La mayoría de las mujeres ingresan a Estados Unidos con documentos (74.6%) sus principales motivos para migrar fueron buscar trabajo o trabajar, y reunirse con la familia (1)
Oaxaca (89.4%), Guerrero (75.0%) y Chiapas (73.8%) son las tres entidades federativas con el mayor porcentaje de migrantes sin documentos para ingresar a EE. UU., con respecto al total de sus migrantes.
Los principales estados de destino en EE. UU. son California (28.2%), Texas (20.7%) y Florida (4.3 por ciento). 20,332 se establecieron en Illinois.
En sus múltiples roles como estudiantes, profesionales y otros trabajadores, cónyuges, padres y cuidadores, las mujeres migrantes mexicanas hacen importantes contribuciones a las comunidades locales, la economía y la sociedad.
Las mujeres migrantes son menos propensas que las mujeres nacidas en Estados Unidos a formar parte de la fuerza laboral (56.2 por ciento en comparación con 59.0 por ciento). Mientras que muchas mujeres migrantes prosperan en la fuerza laboral, otras enfrentan desafíos que dificultan su participación en la fuerza laboral o limitan su acceso a empleos de mayor calidad. Estos desafíos incluyen las mismas barreras a las que se enfrentan todas las mujeres, como la subvaloración del trabajo realizado predominantemente por mujeres y la falta de una infraestructura de trabajo y familia, y a menudo también desafíos adicionales, como el dominio limitado del inglés y, para las personas indocumentadas, falta de acceso a un trabajo estable (Hess, Henrici y Williams 2011; Hess y Henrici 2013).
Los ingresos anuales medios para las mujeres migrantes mexicanas que trabajaron a tiempo completo durante todo el año en 2013 y 2014 fueron de $32,000 USD, que fue mucho menos que los ingresos de las mujeres nacidas en Estados Unidos ($39,000).
Entre los diez países emisores más grandes de mujeres migrantes: México, Filipinas, China, India, Vietnam, Corea, El Salvador, Cuba, República Dominicana y Canadá, los ingresos de las mujeres migrantes variaron considerablemente. Las mujeres de India obtuvieron los ingresos más altos con $65,000, muy por encima de los ingresos medios para todas las mujeres de $38,000, y las mujeres de México tuvieron los ingresos más bajos con $22,000. Estas diferencias probablemente provienen, en parte, de las diferencias en los niveles de educación, pues las mujeres migrantes de la India suelen tener más años de educación superior.
Las mujeres migrantes en general son menos propensas que las mujeres nacidas en los Estados Unidos a trabajar en ocupaciones gerenciales o profesionales (32.7 por ciento en comparación con 41.1 por ciento).
Las mujeres migrantes están representadas mayoritariamente en trabajos de servicio. Una de cada tres (32.5 por ciento) mujeres migrantes trabajan en estas ocupaciones, en comparación con el 19.9 por ciento de las mujeres nacidas en Estados Unidos. Las mujeres migrantes también tienen casi el doble de probabilidades que las mujeres nacidas en Estados Unidos de trabajar en la producción, el transporte y las ocupaciones de traslado de materiales (9.9 por ciento en comparación con 5.0 por ciento). Son menos propensas que las mujeres nacidas en Estados Unidos a trabajar en ocupaciones de oficina y apoyo administrativo (13.3 por ciento de las mujeres migrantes empleadas trabajan en estas ocupaciones en comparación con el 21.5 por ciento de las mujeres nacidas en Estados Unidos empleadas) y en ocupaciones profesionales y relacionadas (21.8 por ciento en comparación con 27.0 por ciento).
POBREZA Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS MUJERES MIGRANTES
Las mujeres migrantes en Estados Unidos son un grupo diverso con diversos niveles de educación y acceso a recursos y apoyos.
Más de una de cada cuatro mujeres migrantes en Estados Unidos (27.9 por ciento) posee una licenciatura o un título avanzado, en comparación con el 30.0 por ciento de las mujeres nacidas en Estados Unidos. Entre las diez mayores naciones emisoras de mujeres migrantes: México, Filipinas, China, India, Vietnam, Corea, El Salvador, Cuba, República Dominicana y Canadá, mujeres inmigrantes de la India (71.8 por ciento), Filipinas (51.4 por ciento) y Corea (46.1 por ciento) son los más propensos a tener una licenciatura o superior (IWPR 2015). Sin embargo, algunas mujeres migrantes que tienen títulos universitarios encuentran que sus calificaciones no son reconocidas en este país y solo pueden encontrar trabajos poco calificados y mal pagados (Redstone Akresh 2006).
Si bien una parte sustancial de las mujeres migrantes tienen títulos de licenciatura, tres de cada diez (29.6 por ciento) tienen menos que un diploma de escuela secundaria. Entre los diez países emisores más grandes, las mujeres de México y El Salvador son las que tienen más probabilidades de tener menos de un diploma de escuela secundaria (57.3 y 52.7 por ciento, respectivamente).
Las mujeres migrantes de Filipinas y Canadá tienen menos probabilidades de carecer de un diploma de escuela secundaria (8.6 y 9.4 por ciento).
Las mujeres migrantes tienen más probabilidades que las mujeres nacidas en Estados Unidos de vivir en la pobreza (19.7 por ciento en comparación con el 14.7 por ciento). Entre los diez países emisores más grandes, las mujeres migrantes de la República Dominicana (30.3 por ciento), México (30.0 por ciento), Cuba (22.6 por ciento) y El Salvador (20.8 por ciento) tienen las tasas de pobreza más altas. Las mujeres migrantes de la India (5,7 por ciento), Filipinas (6,9 por ciento) y Canadá (11,1 por ciento) tienen las tasas de pobreza más bajas.
Las mujeres migrantes son significativamente menos propensas a tener cobertura de seguro de salud que las mujeres nacidas en Estados Unidos (66.3 por ciento de las mujeres migrantes de 18 a 64 años en comparación con el 84.6 por ciento de las mujeres nacidas en Estados Unidos del mismo rango de edad). Las migrantes enfrentan múltiples barreras para acceder a la cobertura básica de salud, incluida una ley federal que prohíbe a muchos migrantes acceder a programas de beneficios con recursos limitados como Medicaid en sus primeros cinco años de estado legal (Broder y Blazer 2011; National Immigration Law Center 2014). En Medicaid y el Programa de seguro médico para niños (CHIP), los estados pueden renunciar al período de espera de cinco años para los niños y las mujeres embarazadas que residen legalmente en Estados Unidos. A partir de enero de 2015, 27 estados y el Distrito de Columbia cubrieron a niños migrantes elegibles de alguna manera bajo esta opción, y 22 estados y el Distrito de Columbia cubrieron mujeres embarazadas que de otra manera serían elegibles (Kaiser Family Foundation 2015). La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio también permite a los migrantes que no son elegibles para Medicaid debido a la prohibición de cinco años a comprar un seguro privado a través de los intercambios de seguros y recibir subsidios (Hasstedt 2013).
El porcentaje de mujeres migrantes de los diez principales países emisores que tienen seguro de salud varía ampliamente. Las mujeres inmigrantes mexicanas y salvadoreñas son las menos propensas a tener cobertura (solo 44.0 por ciento y 51.5 por ciento, respectivamente). Las mujeres canadienses e indias tienen más probabilidades de tener cobertura (89.6 por ciento y 88.1 por ciento tienen seguro médico, respectivamente).
ACCIONES ILLINOIS 2019-2020
El gobernador, JB Pritzker firmó el 21 de junio de 2019 una legislación que protege a la comunidad inmigrante ante la amenaza del presidente Donald Trump de deportar a millones de personas y de separar familias.
El paquete de tres leyes, brinda acceso de ayuda económica para estudiantes indocumentados que quieran ir a la universidad, prohíbe la apertura de centros de detención privados de inmigrantes, y la colaboración entre la policía local y agencias migratorias.
El 24 de enero de 2020, Illinois etiquetó 10 MDD al Programa de Acceso a la Justicia (A2J) para brindar asesoría jurídica a migrantes con situación irregular. Casos como deportación, encarcelamiento o separación de familias (mayoritariamente afecta a mujeres) serán atendidos con ese presupuesto asignado.
ENTREVISTA CON LA ALCALDESA DE CHICAGO, LORI LIGHTFOOT
Cuatro ciudades de California, dos de Nueva Jersey, así como Chicago y Nueva York se encuentran en la lista de las 10 mejores ciudades para los inmigrantes en Estados Unidos que elaboró New American Economy (NAE), organización de análisis y estudio que promueve la integridad social.
“La clasificación de las ciudades que son más amables con los inmigrantes está basada en una evaluación de las políticas de inclusión y los resultados socioeconómicos que se hizo en los 100 municipios más grandes del país”, explicó la NAE.
El primer lugar de la lista lo ocupa Chicago, Illinois, una de las llamadas “ciudades santuario” del país, la cual obtuvo una calificación de 4.38 puntos en la evaluación sobre las políticas de inclusión, bienestar social y desarrollo económico de los nacidos en el extranjero.
Su alcaldesa, Lori Lightfoot, a pregunta expresa sobre la situación de las mujeres y niñas migrantes menciona estar orgullosa de su inequívoca decisión de defender a las comunidades de inmigrantes y refugiados asentados en Chicago. “Es una posición extraída directamente de nuestra creencia de que la fortaleza de la nación reside en nuestra diversidad, y que los valores que nos han convertido en un faro de esperanza son sagrados y deben protegerse, y las mujeres migrantes no se excluyen de esto”.
Agrega que se han tomado medidas en forma de acciones ejecutivas; la diferencia es que en su administración esas acciones ejecutivas se están convirtiendo en ley, expandiendo una de las mayores protecciones a inmigrantes en Chicago desde que se adoptó la Ordenanza de “Ciudad de Bienvenida” por primera vez hace más de 30 años.
Acciones como negar el acceso a todas las bases de datos de la policía al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), modifican dramáticamente la forma como se ha querido representar a los migrantes. “Tenemos y seguiremos estando hombro con hombro por hermanas, vecinas, amigas y los miembros de nuestra familia, que tienen todo el derecho de estar aquí, florecer y apoyar a sus familias como cualquier otra persona”.
ACCIONES MÉXICO
El pasado 9 de enero de 2020 se anunció por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en México, la adopción de una Política Exterior Feminista (PEF).
El comunicado 015 de la SRE indica que “En el marco de la XXXI Reunión Anual de Embajadores y Cónsules (REC) que se llevó a cabo en las instalaciones de la Cancillería, se celebró el segmento de Política Multilateral de la REC XXXI (Reunión de Embajadores y Cónsules). En este segmento, se anunció la Política Exterior Feminista de México (PEF), en línea con la ambiciosa política multilateral que México ha impulsado y en apoyo al compromiso del gobierno mexicano con la agenda de igualdad de género y no discriminación.
La Política Exterior Feminista de México se funda en un conjunto de principios que buscan, desde la política exterior, impulsar las acciones gubernamentales para reducir y eliminar las diferencias estructurales, brechas y desigualdades de género, con el fin de construir una sociedad más justa y próspera.
Como una adición respecto de otros ejemplos internacionales, la PEF Mexicana buscará hacer transversal el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y la interseccionalidad, en todas las áreas de la política exterior mexicana; visibilizar el aporte de las mujeres a la política exterior y a las acciones globales; y mantener la coherencia y congruencia al enfocarse tanto al exterior como al interior de la SRE.
Esta estrategia se desarrollará a lo largo del periodo 2020-2024 y estará conformada por los siguientes ejes:
1. Política exterior con perspectiva de género y agenda feminista exterior plus
2. Una SRE paritaria
3. Una SRE libre de violencia y segura para todas
4. La igualdad se ve
5. La SRE es feminista interseccional
Para cada una de estos ejes, se definieron acciones específicas, entre las cuales destacan: la presentación del Manual de Principios de Política Exterior; la adhesión de la Cancillería al programa HeforShe; la certificación de representaciones en el exterior en NMX-R-025-SCFI-2015 en materia de Igualdad Laboral y No Discriminación; una serie de talleres con actores clave; el desarrollo de un perímetro de cuadrantes seguros y libres de violencia en las inmediaciones de la SRE; entre otras.
Por su parte, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración aseguró que durante el primer año de gobierno se establecieron siete ejes de acción en materia de derechos humanos y migración; entre ellos se está atendiendo el tema de la violencia contra las mujeres en tránsito.
Enfatizó que el Gobierno de México está comprometido con garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia y establecer una política de población con sentido humanista que fomente el desarrollo para abatir la brecha de desigualdad.
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A MANERA DE CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES
En el último informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) se hacen una serie de recomendaciones entre políticas públicas y género para hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres migrantes. Gabriela de Cicco resume varios puntos en su artículo “Las mujeres y la migración internacional”.
A continuación enumeramos dichas conclusiones:
Reforma de las políticas
- Es preciso revisar las políticas de migración desde una perspectiva de género y derechos humanos. Las políticas que hacen caso omiso de las diferencias fundamentales entre hombres y mujeres en cuanto a la experiencia de la migración, probablemente han de fracasar.
- Es necesario eliminar las disposiciones discriminatorias y velar por que las mujeres tengan iguales oportunidades de migrar en condiciones legales y de seguridad; así se podría contribuir a reducir la explotación, la migración irregular, el contrabando y la trata de seres humanos. Esto puede posibilitar que las mujeres se mantengan a sí mismas y a sus familias sin correr riesgos indebidos y puede ayudar a los países a eliminar ingentes empresas ilícitas.
- Los encargados de formular políticas pueden contribuir a proporcionar alternativas a la migración, eliminando la discriminación por motivos de género y ampliando las oportunidades de las mujeres y las niñas en los países de origen.
- Intensificar las medidas para reducir la pobreza y la desigualdad entre hombres y mujeres también sería un factor clave para prevenir la explotación y la trata de mujeres y niñas.
- La enorme escasez de análisis de datos y de investigaciones en relación con las mujeres migrantes refleja hasta qué punto se ha hecho caso omiso de ellas. Se necesitan mayores investigaciones y análisis para mejorar las políticas y la conducción de la migración.
Autonomía de la mujer y violencia por motivos de género
- Con frecuencia, las mujeres migrantes tienen condición de "familiar a cargo". Sus visados y su permanencia en un país dependen de sus esposos, de otros parientes masculinos, o de sus empleadores. En algunos países, esta situación de las mujeres casadas también significa que no se les permite trabajar, con lo cual se agrava su dependencia y su vulnerabilidad. Esto a veces las obliga a buscar trabajo en sectores de explotación y no reglamentados de la economía o empleos muy por debajo de sus calificaciones (“desperdicio de cerebros”) o, en muchos casos, a padecer reiterados abusos.
- La violencia doméstica contra las mujeres migrantes es un grave problema. Los países de destino deberían adoptar políticas que respondan a las necesidades y los intereses de las víctimas de violencia por motivos de género y de sus hijos, y también deberían considerar la posibilidad de otorgarles condición independiente, permisos de trabajo, acceso a servicios sociales y de salud, y apoyo para recibir educación y enseñanza de oficios.
- Todas las mujeres y las niñas —sea cual fuere su condición de documentadas o indocumentadas— merecen tener acceso a los servicios y la protección. Ninguna mujer debería tener que soportar abusos debido simplemente a que su visado depende de un esposo que la maltrata o de un empleador, o porque teme ser detenida o deportada.
- La pobreza y las limitadas oportunidades impulsan a muchas mujeres a buscar en el extranjero esposos más pudientes, como se pone de manifiesto en el comercio mundial de novias. Otras son vendidas u obligadas a contraer matrimonio con extranjeros. Las políticas y las reglamentaciones deberían protegerlas contra ese atrapamiento en relaciones abusivas o en matrimonios forzados.
Acceso a servicios de salud reproductiva, inclusive los relativos al VIH y el SIDA
- Las mujeres migrantes, sus familias y las sociedades de los países de destino, todos se han de beneficiar al proporcionar mayor acceso a servicios de salud reproductiva dispensados con sensibilidad cultural. Esto podría dar a las mujeres mayor control sobre la procreación; mejorar la salud de las madres y los recién nacidos; prevenir la propagación del VIH y otras infecciones de transmisión sexual; y contribuir a la integración de las migrantes y a ofrecer mejores perspectivas para la próxima generación.
- Millones de mujeres trabajadoras migrantes tienen grandes necesidades insatisfechas en materia de salud reproductiva. Esta situación repercute gravemente sobre su salud en general, su bienestar y su productividad, y sobre su posibilidad de seguir contribuyendo a las economías de los países de destino.
- Todas las mujeres deberían estar en condiciones de tener un parto sin riesgo, con acceso a intervenciones médicas que podrían salvar su vida si surgieran complicaciones riesgosas para la madre o el niño.
- Las pruebas obligatorias para la detección del VIH y el embarazo infringen los derechos reproductivos y deben ser prohibidas. Para proteger los derechos reproductivos de las mujeres migrantes es preciso que tengan acceso a servicios de calidad, voluntarios y confidenciales de planificación de la familia y relativos al VIH, así como a la prevención y el tratamiento de otras infecciones de transmisión sexual.
Remesas y acceso a servicios financieros para las mujeres migrantes
- Al promover la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito económico —en países tanto de origen como de destino— se puede maximizar el potencial de las remesas de las mujeres en cuanto a promover el desarrollo y reducir la pobreza.
- Esto incluye proporcionar a las mujeres acceso a conocimientos financieros y a servicios bancarios y de inversiones, y otorgarles derechos de propiedad.
Trabajadoras domésticas
- Es urgentemente necesario contar con políticas y programas que protejan los derechos humanos y laborales de las trabajadoras domésticas migrantes.
- Entre las medidas necesarias figuran: revisar las leyes laborales nacionales para asegurar que se ampare el servicio doméstico; crear conciencia sobre los derechos de las trabajadoras domésticas y las obligaciones de los empleadores, inclusive mediante servicios anteriores a la partida y cursos de capacitación; celebrar acuerdos bilaterales entre los países de origen y los de destino que establezcan modelos de contratos y aseguren estándares laborales mínimos; fortalecer el papel de las embajadas en el trámite de denuncias y la provisión de albergue en casos de abuso en los países de destino; establecer líneas telefónicas de emergencia y organizaciones de apoyo que protejan los derechos de las trabajadoras; reglamentar las agencias de contratación y colocación, inclusive mediante el establecimiento de sistemas oficiales de acreditación; y enjuiciar a los empleadores y las agencias que cometen abusos.
- A nivel regional, debería entablarse una colaboración intergubernamental a fin de establecer normas mínimas para la protección de los derechos de las trabajadoras domésticas.
El papel de la sociedad civil y de los grupos de defensa de los derechos de las mujeres
- Al involucrar a representantes de las mujeres migrantes en los debates sobre políticas y la reforma es posible mejorar las respuestas a la feminización de la migración. Las mujeres migrantes pueden aportar elementos de juicio a eficaces procesos de formulación de políticas.
- Las asociaciones de mujeres migrantes han tenido un papel prominente en la defensa de los derechos humanos y merecen que se las apoye.
- Otra manera de abordar las cuestiones de interés concreto de las mujeres migrantes es involucrar a las organizaciones y los sindicatos principales del país que se han comprometido en pro de la igualdad entre hombres y mujeres, inclusive centros de investigación sobre migraciones y organizaciones de promoción de los derechos humanos.
Se puede acceder al informe completo en: http://www.unfpa.org/swp/2006/spanish/introduction.html
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DOSSIER
Entrevista con la Cónsul General de México en Chicago, Reyna Torres Mendívil
Entrevista con Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración
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Sandy Choreño
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