La Interseccionalidad de las Mujeres Migrantes Indocumentadas de México y Centroamérica. Opresiones que Cruzan Fronteras

La Interseccionalidad de las Mujeres Migrantes Indocumentadas de México y Centroamérica. Opresiones que Cruzan Fronteras

Alma Domínguez: Mujer migrante, 30" x 33", 2015.

 

 

Las mujeres migrantes representan el 49% de la población migrante, pero a diferencia del resto del mundo en América Latina la mayoría de las personas migrantes son mujeres, alcanzando el 50%. Esto no es casualidad ya que la violencia de género en Centroamérica continúa manteniendo una alarmante opacidad frente al resto de las crisis sociales que colocan a estos países entre los más violentos en América Latina y es un detonante del desplazamiento de las mujeres de la región. Las denuncias de muchas migrantes provenientes de México y Centroamérica han sido repetidamente ignoradas por los gobiernos a pesar de que muchas de ellas han presentado solicitudes de asilo político en Estados Unidos como protección a la violencia feminicida de las maras, acosadores y círculo íntimo en sus países. El aumento de la rigidez de las políticas migratorias abandona a las mujeres a merced de sus agresores al igual que en sus países de origen y obstaculiza su acceso a los instrumentos de bienestar social de las naciones receptoras de migrantes. El acceso de las migrantes hispanas a trabajos bien remunerados fuera de la informalidad, la salud y la educación se encuentra limitado, lo que perpetúa la brecha salarial que experimentan. Por ello es urgente que se hagan análisis gubernamentales interseccionales sobre el contexto que afecta la vida de las mujeres antes, durante y después de haber migrado.

 

¿Qué es la interseccionalidad?

“La interseccionalidad es el carácter interconectado de categorizaciones sociales como la raza, clase y género que se aplican a personas o grupos, lo que se considera como sistemas sobrepuestos o independientes de discriminación o desventajas”. Definición del Diccionario Oxford.

De acuerdo con la creadora del análisis interseccional, Kimberlé Williams Crenshawque, las personas experimentan diferentes factores que las ponen en riesgo de ser marginadas. A estos factores se les dominan opresiones, las cuales pueden ser ejercidas en función al género, clase social, preparación académica, idioma natal, discapacidades y raza, entre otras. Las mujeres que nacen en países que cuentan con una tasa alta de migración son desplazadas debido a muchas de estas opresiones. Estas desventajas sociales interactúan entre si afectando de forma más severa a las personas que cuentan con un mayor número de estas categorizaciones. Por ejemplo, una mujer indígena es parte de un grupo demográfico históricamente oprimido por su raza, pero el nivel de opresión que la sociedad ejerce hacia ella es mayor si solo cuenta con educación básica y tiene una discapacidad como una enfermedad crónica o problemas de aprendizaje. Por lo que, en comparación, una mujer mestiza que no sufre de ninguna discapacidad y cuenta con educación a nivel postgrado, es oprimida también por su raza y género al igual que una mujer indígena, pero al contar con el privilegio de un mayor nivel educativo y al no tener ninguna discapacidad enfrentará menos discriminación en su entorno y más oportunidades de movilidad social. Es de esta forma que las opresiones se enlazan (o interseccionan) y generan diferentes obstáculos en el ascenso socioeconómico de las mujeres migrantes que provienen de Latinoamérica y el resto del mundo. Por lo que en este artículo hablaremos de cómo se vive la interseccionalidad de estas opresiones en las diferentes etapas de la migración de una mujer.

 

Adaptación de la gráfica original del libro: Mujeres, Género y Psicología de Mary Crawford, publicado en 2006 por McGraw-Hill, en colaboración con Sandra Muñoz, Cecilia Guillén, Corina del Carmen y Elizabeth Juárez.

 

La opresión por género, clase social y poca preparación académica como precursora de la migración

Al observar las cifras de feminicidio en México y Centroamérica, es posible apreciar la dimensión de la violencia de género que enfrentan las mujeres de la región. De acuerdo con el conteo 2019 de la colectiva Semillera Feminista, en Honduras hubo 21.94 feminicidios por cada 100,000 habitantes, en El Salvador: 3.35, en Nicaragua: 0.977 y en México 0.97. Mientras que el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y Caribe reporta que en Guatemala hubo 0.99 feminicidios por cada 100,000 habitantes en el 2018. Al hacer el comparativo por cada 100,000 habitantes se observa que la crisis de feminicidios de Honduras le coloca como el país más violento para las mujeres en el continente y el resto de los países de Centroamérica al igual que México atraviesan una crisis muy similar. La falta de protección ante la violencia feminicida ocasiona que muchas mujeres migren como único recurso para salvaguardar sus vidas. Al fenómeno de la migración por violencia de género no se le ha dado suficiente atención por parte de los medios, gobiernos y organizaciones sin fines de lucro. Uno de los casos más conocidos de mujeres que han migrado escapando de la violencia ejercida por su pareja es el de la ahora senadora mexicana, Nestora Salgado, quien ha declarado públicamente que emigró a Estados Unidos por ese motivo. Desafortunadamente, la estigmatización que enfrentan las mujeres al hacer público que han sido víctimas de violencia de género, ha impedido que las migrantes hablen abiertamente de una de las principales razones de su desplazamiento de sus países de origen.

A la violencia física y sexual en el hogar y la calle se suma el desempleo que afecta al 7% de las mujeres en edad productiva en Centroamérica, zona en que las cifras son mayores al promedio mundial que es del 5.4%. Una de las causales es el trabajo no renumerado en emprendimientos familiares que es una práctica habitual que afecta a las mujeres mexicanas y centroamericanas lo que impide su independencia económica y por ende les impide protegerse al experimentar violencia en su entorno por no contar con recursos para contratar representación legal. Es importante señalar que la impunidad que favorece a los perpetradores de este tipo de delitos aún en los casos en los que se cuenta con representación legal obliga a muchas mujeres a solicitar asilo político en el exterior, especialmente cuando el agresor es miembro de las fuerzas armadas o policiacas debido al alto riesgo de ser asesinadas por falta de protección de los gobiernos.

Por otro lado, en Estados Unidos, 6 de cada 10 mexicanas migrantes no concluyó su educación a nivel medio superior y 6% posee licenciatura o postgrado. Ese 6% constituye un número importante ya que estas 295 mil mexicanas constituyen el cuarto grupo nacional más grande de fuerza laboral calificada inmigrante en Estados Unidos. El alto número de mexicanas calificadas que han migrado a Estados Unidos demuestra que la brecha laboral por cuestiones de género está desplazando a las profesionistas mexicanas a otros países debido a que las mujeres con licenciatura o postgrado son el grupo demográfico más afectado por el desempleo en México con una tasa del 51.9% de acuerdo con datos del INEGI.

Por lo que es posible observar en todos estos fenómenos migratorios la intersección de las opresiones por género, clase social y falta de preparación académica afectando de diferentes maneras a las mujeres de México y Centroamérica y es preocupante que a pesar de que cada vez más mujeres logran obtener un título universitario, sigan enfrentando discriminación laboral por su género traducida en desempleo y migración como consecuencia.

 

Tránsito vulnerable por misoginia, etarismo, diversidad de género y heteronormatividad

El rechazo a la pobreza de la gente migrante y el discurso de criminalización en México y Estados Unidos ha logrado invisibilizar los motivos por los que las y los integrantes de las caravanas de los últimos años continúan escapando de sus países natales. Es conocida la marginación, falta de oportunidades y los estados fallidos que la ocasionan. Los gobiernos de Estados Unidos y “los países seguros” a los que están siendo desplazadas las caravanas migrantes han aceptado estas problemáticas y han firmado acuerdos para erradicarlas. Pero los cuestionamientos que han estado ausentes invariablemente de las pláticas entre los gobiernos es sobre las razones que han obligado a cientos de mujeres a migrar poniéndose en grave riesgo al igual que a las y los hijos que las acompañan.

Es bien sabido que las maras, al igual que los carteles, ejercen explotación sexual y trata contra las mujeres en los territorios que controlan en México y Centroamérica, lo que conlleva a que las mujeres en riesgo tomen medidas extremas para migrar, a pesar de saber que existen muchas probabilidades de que sean violadas por los traficantes durante su tránsito a Estados Unidos. Esta problemática es tan conocida que se ha hecho tristemente célebre entre las migrantes el recurso de “la pastilla del día después” como único método paliativo para enfrentar las violaciones por parte de los traficantes, aunque esto no las protege de contraer enfermedades venéreas que podrían tener consecuencias permanentes. En contraste, los hombres migrantes no corren un alto riesgo de sufrir agresiones sexuales, pero sí de ser convertidos en víctimas de trata con fines de explotación laboral, o sicariato forzado, mientras que las mujeres adultas, adolescentes y niñas tienen más riesgo de ser víctimas de trata con fines de esclavitud sexual. Al ser la trata con fines de esclavitud sexual uno de los negocios más redituables para los carteles por encima del tráfico de drogas, las mujeres son uno de los grupos más vulnerables durante los éxodos a Estados Unidos.

Uno de los nuevos fenómenos en los que es posible apreciar con claridad la intersección entre la opresión por género, clase y estatus migratorio es el del incremento de agresiones sexuales contra las migrantes que integran las caravanas a su llegada a Chiapas, México. Esto ha sido denunciado por defensoras de los derechos de las migrantes en la zona, quienes han observado que la xenofobia contra las centroamericanas ha multiplicado las violaciones. Y los altos pagos exigidos por los traficantes de personas obligan a muchas mujeres a integrarse temporal o permanentemente a “casas de citas” en los cruces migratorios de Chiapas para recaudar recursos. La investigadora Yoalli Rodríguez ha denunciado que las autoridades migratorias en México han deportado de forma fraudulenta mediante los mecanismos de repatriación de víctimas de trata a muchas de estas migrantes, a pesar de que ellas denunciaron que huyeron de la violencia de las maras en sus países de origen.

 

Usadas como escudos por ser mujeres y menores de edad

Las caravanas de migrantes provenientes de Centroamérica están enfrentando más obstáculos y represión que antes por parte de las autoridades migratorias de los países denominados por la política trumpista como países seguros. Asimismo, el colectivo Pueblo sin Fronteras, organizador de las caravanas, se presume ha usado una estrategia muy reproblable para contrarrestar la represión de las autoridades migratorias utilizando a mujeres migrantes y menores de edad como escudo al momento de forzar la entrada de las caravanas a través de las garitas de forma violenta. Durante estos enfrentamientos con las autoridades migratorias las mujeres y menores de diferentes edades han resistido los ataques con gases lacrimógenos, estampidas y golpes por parte de autoridades e integrantes de las caravanas. Durante estos enfrentamientos se ha puesto en evidencia que ni las autoridades migratorias, ni los organizadores de las caravanas tienen respeto alguno por la integridad de la vida de las mujeres y menores que son expuestas(os) mediante estos métodos presuntamente deliberados que recuerdan tácticas militares que son consideradas crímenes de guerra de acuerdo con la Convención de Génova y el Estatuto de Roma. Al mismo tiempo que Pueblo Sin Fronteras utiliza un discurso con lenguaje incluyente en sus comunicados como una estrategia que pretende blanquear los abusos a los que se presume han sometido a las mujeres y niñas(os) en sus caravanas. La presunta discriminación que se ejerce mediante estas prácticas muestra otra intersección entre el género y el etarismo (opresión por edad) contra las mujeres y menores durante su tránsito migratorio.

En el 2018 un colectivo con 85 personas LGTTBQI se separó del grueso de su caravana principal debido a que sus integrantes eran constantemente agredidos(as) de forma verbal por el resto de las y los migrantes que eran parte del grupo. Denunciaron que incluso bañarse y recibir alimentos era problemático porque les relegaban hasta el momento que el agua y comida se acababan. Esto les impulsó a trasladarse en autobús para llegar a Tijuana, México antes que el resto de la caravana para visibilizarse como una comunidad sujeta a opresión. El rechazo a su género y/o orientación sexual mantiene a las personas de esta comunidad constantemente expuestas a una grave violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras. Esta violencia se manifiesta en su vida familiar, laboral, en la sociedad y de forma institucional, como ha declarado Amnistía Internacional en su reporte del 2017 en el que se informa que este tipo de opresión ha obligado a las personas de la comunidad LGTTBQI de esos países a solicitar asilo en México. La heteronormatividad y fobia contra esta comunidad ocasiona pobreza y desempleo y estos factores se interseccionan también como promotores de la migración. Por ello, como reivindicación en contra de las opresiones que les impulsaron a migrar, 8 parejas de este colectivo contrajeron matrimonio en conjunto a su llegada a Baja California, México. Entre las personas que contrajeron matrimonio al amparo de la legalización del matrimonio del mismo sexo en ese estado había tres parejas gays, tres parejas de lesbianas y dos parejas transexuales.

 

La tierra prometida: plagada de violencia de género y sin acceso a derechos fundamentales

La separación familiar de quienes han solicitado asilo político en Estados Unidos también ha carecido de un análisis sobre la violencia de género contra las niñas migrantes, el periódico ProPublica denunció en el 2018 que existen cientos de acusaciones de agresiones sexuales en los refugios para migrantes menores de edad. Los refugios con estas denuncias son operados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y por contratistas como Southwest Key. Lisa Fortuna, directora del Departamento de Psiquiatría para Niños y Adolescentes en el Boston Medical Center ha declarado que estos refugios son una mina de oro para depredadores debido al acceso total que el personal tiene a niñas y niños con un historial previo de victimización similar en sus países de origen.

Existe también un sinnúmero de testimonios de mujeres migrantes que fueron captadas por tratantes que las obligaron a trabajar en burdeles de los dos lados de la frontera de México y Estados Unidos. Asimismo, muchas mujeres son secuestradas al momento de cruzar a estados de la frontera sur de Estados Unidos de forma ilegal y han sido violadas en burdeles improvisados si se niegan a cooperar en los roles de esclavitud sexual. Se sabe que la mayoría de estos casos no son reportados por el temor a la deportación y a las organizaciones criminales. Por otro lado, destaca el caso de una guatemalteca de 4 años violada por el ayudante del Sheriff de San Antonio quien fue formalmente acusado de agresión sexual y de amenazar a la madre si reportaba la agresión. De acuerdo con el abogado Jesús Romo Vejar, quien ejerce en la zona fronteriza de Arizona: “las mujeres migrantes no tienen ninguna defensa y al igual que las y los menores de edad son los seres más desprotegidos”.

Tras haber concluido estos éxodos de alto riesgo, las mujeres migrantes no dejan de ser victimizadas en sus lugares de trabajo y hogares. El trumpismo ha fomentado en diferentes estados leyes antiinmigrantes que permiten a las corporaciones policiacas checar su estado migratorio en hospitales, escuelas e incluso en los refugios para víctimas de violencia de género. Este tipo de políticas ocasiona que las migrantes sientan menos confianza para acudir a las autoridades y refugios para obtener apoyo y denunciar. Esto es sumamente preocupante ya que de acuerdo con la organización “Futures without Violence”, 51% de las víctimas de feminicidio cometido por la pareja íntima en Estados Unidos, son mujeres nacidas en el extranjero.

El estatus migratorio irregular de las migrantes es usado como herramienta de opresión para controlarlas y es común que los golpeadores les manipulen amenazando con denunciarlas para que permanezcan en relaciones violentas. Debido a la normalización de la violencia física contra las mujeres en sus países de origen, las migrantes sufren tasas más altas de agresiones físicas que las ciudadanas de Estados Unidos. Y muchas desconocen que existen protecciones legales y herramientas de apoyo psicológico para ellas, a pesar de que se ha detectado por medio de estudios que 48% de las mujeres latinas sufren más violencia por parte de su pareja después de haber migrado a Estados Unidos. Además, la desventaja por no hablar el lenguaje mayoritario de Estados Unidos se manifiesta al no poder presentar correctamente una denuncia ante la policía, comunicarse con el personal del 911 u obtener asesoría legal. Normalmente tampoco solicitan traductores certificados ante las cortes como apoyo en un proceso judicial y muchas de ellas carecen también de apoyo bilingüe cuando tratan de huir a los refugios. Debido a su estatus migratorio tampoco les es posible obtener ayudas gubernamentales económicas o alimenticias, a diferencia del resto de las mujeres sufriendo violencia de género en Estados Unidos. Esta problemática se agravará con la nueva regla de carga pública contra migrantes que deseen adquirir, cambiar o renovar ciertos estatus migratorios penalizándoles por solicitar este tipo de ayudas gubernamental bajo riesgo de que sus trámites migratorios sean rechazados.

La falta de preparación académica, la raza, el género y el estatus migratorio crean otras desventajas para las mujeres también en el ámbito laboral, colocando a las mujeres hispanas en el grupo demográfico peor pagado en Estados Unidos. De acuerdo con el Pew Research Center una mujer hispana gana en promedio 58% del salario por hora de un hombre caucásico, por debajo de las mujeres afrodescendientes y hombres hispanos que se encuentran entre los tres grupos demográficos peor remunerados. Asimismo, las mujeres hispanas con educación universitaria en Estados Unidos también son discriminadas ya que solo perciben 70% del salario por hora de un hombre caucásico con educación similar. La falta de un estatus migratorio regular y preparación académica hace que muchas mujeres migrantes sean empleadas en trabajos informales y de medio tiempo principalmente dentro de la industria restaurantera, maquiladora, agricultura, hotelera, limpieza y trabajo doméstico sin otorgarles seguro médico, sueldos adecuados o fondo de retiro. Y son más vulnerables debido a su estatus migratorio, género y nulo o poco conocimiento del idioma dominante a sufrir robo salarial, jornadas exhaustivas, despidos injustificados y acoso sexual. Este último fue visibilizado por cientos de trabajadoras de la industria hotelera al adherirse de forma masiva al movimiento #MeToo denunciando que sus empleadores no les ofrecen ninguna protección o respaldo para enfrentar las agresiones sexuales y hostigamiento que sufren por parte de los clientes.

Debido a que muchas mujeres migrantes carecen de documentos se cuenta con pocos datos de salud, a pesar de que sufren padecimientos atendidos de manera deficiente por su bajo salario y falta de seguro médico. Por lo general sufren estrés causado por sus condiciones de vida en un ambiente hostil y extraño, riesgos ocupacionales, alimentación deficiente y desconocimiento de los pocos servicios gratuitos de salud a su alcance. La falta de acceso a servicios de salud preventiva ha sido una causa parcial para que resurjan enfermedades como la tuberculosis en Nueva York. Y existe la tendencia de que soliciten servicios médicos al momento de que sus padecimientos se encuentran en estado avanzado. También se ha detectado que sufren padecimientos fácilmente prevenibles como sordera, problemas dentales y otros desordenes. Y quienes sufren de discapacidades que podrían ser atendidas con rehabilitación no pueden recibir tratamiento adecuado por lo general.

Ante este ambiente inhóspito, muchas mujeres que han escapado la violencia de sus exparejas en sus países de origen enfrentan también la constante amenaza de la deportación. De acuerdo con la ley internacional de asilo, la violencia de género no está reconocida como una forma de persecución. Existen pocos casos de asilo concedidos por esta razón en Estados Unidos, como el caso de una mexicana que había sufrido constantes agresiones físicas por parte de su esposo. Al abandonar a su pareja, él la secuestró, lo que la obligó a huir a Estados Unidos ya que la policía protegió a su agresor, quien era un miembro activo de su corporación. Si se implementara la protección del asilo político como política de estado en todos los casos de violencia de género y si se aprobara una reforma migratoria amplia, se facilitaría la inserción social, laboral y el acceso a políticas de bienestar de muchas de las mujeres migrantes en riesgo de ser víctimas de feminicidio.

Pero debido a que el otorgamiento de asilo político por violencia de género se da solo en casos excepcionales, es necesario hablar de cuando la deportación se vuelve una sentencia de muerte como lo ha evidenciado la reportera Sarah Stillman de The New Yorker. En el 2018 este medio documentó el caso de Laura, su exesposo la había amenazado de muerte si regresaba a Reynosa, México. Al ser detenida por una supuesta infracción de tránsito, ella le suplicó al oficial que no llamara a migración ya que si era deportada su exesposo la asesinaría. Al ser llevada a un centro de procesamiento de migrantes fue obligada bajo presión a firmar su retorno voluntario. Tres horas después los agentes migratorios la condujeron al puente internacional de McAllen-Hidalgo. Al cruzar el puente Laura se dio la vuelta y dijo al agente Garza, “Si me encuentran muerta, será sobre su consciencia”.

La Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia inició un proyecto en el que documentan los casos de personas migrantes que han sido deportadas provocando su muerte u otros daños. Por medio de este proyecto se han recopilado datos dentro de los refugios de migrantes y mujeres maltratadas, entre otros. También se entrevistó a las familias de las personas que han sido asesinadas debido a su deportación. Se documentaron casos de peticionarias de asilo bajo la administración de Obama y Trump que habían sufrido agresiones sexuales y secuestro en sus países de origen. Pero a pesar de esto, a las víctimas se les sigue dejando desprotegidas, aunque existen lineamientos para impedir la deportación en casos en los que la persona teme por su seguridad si es deportada. The New Yorker detectó casos en que las mujeres que fueron interrogadas por los agentes de migración para ser consideradas como peticionarias de asilo fueron ignoradas, sometidas a burlas e incluso sufrieron acoso sexual.

Mujeres como Laura necesitan urgentemente que estos protocolos se apliquen correctamente para protegerlas. El temor de Laura no era infundado ya que su exesposo se había unido a un cartel y había amenazado con “ahumarla” si regresaba a México. Al momento de ser arrestada, Laura incluso ofreció mostrar la orden de alejamiento contra su esposo a las autoridades migratorias estadounidenses. Sin embargo, todo el proceso legal requerido para evitar su deportación fue violado por las autoridades correspondientes. Al poco tiempo de su deportación a México, Sergio, su exesposo, empezó a rondar su casa gritando obscenidades. A los pocos días la interceptó en su automóvil y la agredió, entonces la familia de Laura se movilizó para recaudar fondos para que ella pudiera regresar rápidamente a Estados Unidos. Pero no tuvieron tiempo para actuar, a tan solo un mes de que Laura fuera deportada se encontraron sus restos. Sergio la había estrangulado, la rocío con gasolina y le prendió fuego. En medio de la desgracia, la familia de Laura celebró su cumpleaños y su funeral al mismo tiempo para cumplirle su promesa de festejar su cumpleaños número 33.

El caso de Laura y el de muchas otras mujeres deportadas, evidencia el fracaso de políticas sociales carentes de perspectiva de género o sin aplicar para proteger a las migrantes en Centroamérica, México y Estados Unidos. Por esto, es urgente seguir analizando cómo interactúan todas estas opresiones que generan diferentes tipos de injusticia social, discriminación, violencias y en el caso de Laura, incluso pueden llevar a las migrantes a ser víctimas de feminicidio.

 

DOSSIER

La mujer migrante

Entrevista con la Cónsul General de México en Chicago, Reyna Torres Mendívil

Entrevista con Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración

Melancolía prematura

Todas somos todas


Elizabeth Juárez.

1 Comment

  • Marylyn 2 weeks ago

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