Entrevista con Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración

Entrevista con Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración

Alma Domínguez: ¿Y si no?, mixta/tela, 30” x 40”, 2019

 

 

¿Qué es el IMUMI, sus principales funciones y su papel en la defensa de las mujeres y niñas migrantes?

El Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) es una organización de la sociedad civil que promueve y defiende los derechos de las mujeres en la migración dentro del contexto mexicano, ya sea que vivan en comunidades de origen, estén en tránsito o residan en México o en Estados Unidos.

Busca dar visibilidad a la participación de las mujeres en la migración y propiciar así respuestas a sus necesidades particulares, a través de la promoción del desarrollo e instrumentación de políticas y programas públicos; educando y sensibilizando a la clase política, la academia, estudiantes universitarios y periodistas sobre los derechos de las mujeres vinculadas a la migración; fortaleciendo las capacidades de las mujeres en la migración para que puedan ejercer aquéllos derechos que han sido afectados por los procesos migratorios; así como promover la migración segura para ellas y sus familias, a través del acceso a la justicia.

Para lograrlo, IMUMI realiza trabajo de representación legal, investigación, capacitación e incidencia en políticas públicas y comunicación estratégica. Su trabajo se enfoca en tres ejes: derecho a la no violencia, derecho a la identidad y derecho a la unidad familiar. Para lograr un acompañamiento efectivo y eficaz, IMUMI trabaja en red con organizaciones de la sociedad civil de México, Estados Unidos y Centroamérica.

En el contexto migratorio actual donde las mujeres representan el 40 por ciento de las más de 180 mil personas migrantes detenidas por el Instituto Nacional de Migración; el 48 por ciento de quienes solicitaron asilo en el país (70 mil personas); el 49 por ciento de las personas nacidas en el extranjero viviendo en México de acuerdo con el último censo de población; y aproximadamente el 40 por ciento de las más de 60 mil personas solicitantes de asilo en Estados Unidos retornadas a México a esperar sus procesos ante las cortes estadounidenses. IMUMI busca brindar asesoría y protección jurídica a las mujeres y sus familias ya sea para regularizar su estancia migratoria; solicitar asilo; acceder a documentos de identidad posterior a la deportación; con necesidades de pensiones alimenticias o divorcios a través de las fronteras o la restitución de la custodia de sus hijas e hijos, con soluciones que les permitan tomar las mejores decisiones.

 

¿Cuáles serían los principales problemas que enfrentan las mujeres migrantes en tránsito?

En México hasta 2018 y de acuerdo a las estadísticas públicas de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, las mujeres representaban entre el 20 y el 25 por ciento de los flujos migratorios en tránsito irregular por México, sin embargo a partir de octubre de 2018 vimos un cambio en la migración y en el último año (2019) las mujeres y las niñas representaron el 40 por ciento de las personas detenidas en estaciones migratorias en el país.

De acuerdo a investigaciones realizadas por el IMUMI como “Un viaje sin rastros. Mujeres migrantes que transitan por México en situación irregular”, las mujeres en tránsito irregular en México se enfrentan a diversos riesgos, todos atravesado por la discriminación y la xenofobia. Por ejemplo a la extorsión, principalmente durante los operativos de control y verificación en carreteras del país, documentándose la participación de diferentes autoridades, por ejemplo hoy también con la participación de la Guardia Nacional; acentuando la situación de vulnerabilidad de las mujeres que transitanpor el país.

Otro de los problemas a los que se enfrentan es el tráfico de personas ante la imposibilidad de viajar de forma regular. De acuerdo con el informe “Un viaje sin rastros”, las mujeres centroamericanas suelen contratar los servicios de un traficante que garantice su internación en Estados Unidos; el Instituto Nacional de migración estima que el 43 por ciento de las personas migrantes que atraviesan México y son deportadas recurren a los servicios de un traficante, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos estima que entre el 80 y 95 por ciento de las y los migrantes lo contratan para realizar el cruce de la frontera con Estados Unidos. Sin embargo hoy tras el cambio en la forma de migrar de las personas, las caravanas se han constituido como una forma de migrar “más arropadas o protegidas” para las mujeres y las niñas, no obstante la política de persecución y detención que ha implementado el gobierno mexicano está orillando a que se contrate a traficantes y a su vez éstos recurran a rutas más clandestinas y peligrosos y los costos sean mayores.

Violencia sexual. En general hemos visto como la violencia contra la población migrante se ha recrudecido en los últimos años, donde el factor de género tiene implicaciones diferentes para mujeres y hombres. De acuerdo con una investigación del Instituto Nacional de Salud Pública, el 39.9 por ciento de las mujeres y el 31.7 por ciento de los hombres han sufrido algún tipo de violencia durante su viaje, aunque de distinto tipo. Los hombres son más amenazados con armas, y las mujeres son más vulnerables a la violencia sexual, exacerbado por la cultura de violencia estructural contra las mujeres en México, la falta de acceso a la justicia, la corrupción y la impunidad.

El secuestro. Después de la puesta en marcha del Protocolo “Quédate en México”, el 29 de enero de 2019, que establece que personas solicitantes de asilo en Estados Unidos serán devueltas a México a esperar sus casos antes las cortes estadounidenses, la mayoría de las mujeres (y la población en general devuelta bajo este Protocolo, más de 60 mil hasta diciembre de 2019) han sido víctimas de secuestro, previo y posterior a su retorno a territorio mexicano.

 

¿Cuáles serían algunas propuestas al gobierno mexicano para solucionar los problemas arriba mencionados?

  • Garantizar el derecho a la libre circulación para las mujeres y las niñas a través de la facilitación de los procesos de documentación para viajar de forma regular al país.
  • Generar políticas públicas en materia migratoria con perspectiva de género.
  • Garantizar la no discriminación y el acceso a la justicia para las mujeres migrantes. En México existe un 99 por ciento de impunidad en los delitos contra la población migrante.
  • Reducir la extorsión y la impunidad mediante la verificación efectiva de la actuación de los servidores públicos, así como la imposición de sanciones a aquellos responsables de irregularidades, delitos, violencia y actos de discriminación en contra de las mujeres. No sólo removerlos de lugar o suspenderlos por un periodo de tiempo.
  • Sacar la política migratoria del país de la mirada de seguridad nacional y situarla desde un enfoque de derechos humanos.
  • Garantizar el derecho a la salud, a la justicia y a la integridad personal sin que la discriminación sea el eje transversal.
  • Mejorar la identificación de posibles víctimas de secuestro por parte de las autoridades, y garantizarles protección a su integridad física y psicológica además de regularizar su estancia por razones humanitarias, y eliminar la práctica de la deportación con regla. Evitar su revictimización y garantizar la reparación del daño.
  • Armonizar las recomendaciones del Comité de la CEDAW sobre las mujeres en la migración con la legislación nacional.

 

¿Cuál es, desde su parecer, los principales aciertos y áreas de mejora para el gobierno actual en materia de migración de mujeres y niñas?

  • Desde el 2015 se han impulsado diferentes acciones para el acceso a la educación de la niñez nacida en el extranjero con madre y/o padre mexicano viviendo en el país, culminando en las modificaciones a la Ley General de Educación en 2017. Este es un gran avance ya que garantiza, entre otras cosas, que ninguna niña o niño en el país verá restringido su derecho a la educación por su condición migratoria o país de nacimiento. Este representa un avance importante para toda la población retornada a México, y un obstáculo que a menudo sorteaban y sortean las madres para el acceso a la educación de sus hijas e hijos. Sin embargo hace falta que estas modificaciones bajen a cada escuela del país y que las autoridades escolares estén capacitadas y conozcan estas modificaciones y no se siga obstaculizando el acceso a la escuela por el desconocimiento de las modificaciones.
  • Otro problema que se enfrentan las mujeres y las niñas que han sido retornadas es la inscripción de la nacionalidad mexicana. En 2018 el gobierno mexicano sacó el Programa “Soy México” que a través de una verificación electrónica facilitaba el trámite de la apostilla de actas de nacimiento, principal barrera para la inscripción de la nacionalidad mexicana, sin embargo no es un programa que elimine la apostilla, aplicable a todos los estados de Estados Unidos, por lo que este gobierno tiene la oportunidad de eliminar ese requisito y permitir que más de medio millón de niñas y niños viendo en México, de madre y/o padre mexicano, —de acuerdo con el último censo de población, puedan acceder a su doble nacionalidad.
  • Desde 2015 existe la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la que se establece la no detención de la niñez y adolescencia en estaciones migratorias del país, no obstante este sigue siendo una práctica, por lo que es urgente que se armonice dicha ley con la Ley de Migración, proceso que está en el Senado de la República y que aún no ha sido aprobado.
  • En general el actual gobierno mexicano tiene la oportunidad de hacer las cosas diferentes y demostrar que una política migratoria con enfoque de derechos humanos y no de seguridad nacional es posible. En enero de 2019 dio una muestra de que es posible.

 

¿Cuenta la sociedad civil con el apoyo y respaldo del gobierno para llevar a cabo su tarea de defensa?

Hoy el escenario para las organizaciones de la sociedad civil no es el más óptimo. El gobierno mexicano ha demostrado que las organizaciones son una instancia que vea como aliadas en la protección de los derechos humanos de las personas, en concreto de la población migrante. Bajo un discurso de no querer intermediarios no sólo ha suprimido programas y recursos que a través de las organizaciones eran canalizados a las diferentes poblaciones, sino recientemente se emitió un oficio en el que se cancelaba la entrada a estaciones migratorias para las organizaciones de la sociedad civil, mismo que fue revocado al día siguiente a través de las presiones de más de 50 organizaciones de la sociedad civil, pero esta acción era apenas una muestra de la poca disponibilidad del gobierno de trabajar en conjunto.

Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para el cambio estructural a través de la promoción de acceso a derechos (justicia, educación, salud, documentos de identidad) pocas veces reciben apoyo del gobierno mexicano. En esta administración los pocos apoyos financieros que existían se han recortado, pero de todas formas representaban aproximadamente 4% del apoyo para la sociedad civil. Sin embargo, la incidencia en políticas públicas en espacios oficiales en el ejecutivo y el legislativo sigue siendo importante como mecanismos de cambio para la sociedad civil.

 

DOSSIER

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Gretchen Kuhner

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