Personas trans privadas de su libertad

Thalia Olivs Publicado 2015-03-07 05:09:34



Como mujer trans me he propuesto analizar la la situación que viven las personas trans privadas de su libertad dentro de los Centros de Readaptación Social en el Distrito Federal.

El trato institucional dado a las mujeres trans cuyas prácticas sexuales son realizadas con hombres, y que han sido internadas en los Centros de Readaptación Social, es poco conocido y poco transparente. Es por eso que da lugar a la pregunta: ¿A qué tipo de espacio penitenciario deberían ser trasladadas aquellas personas que viven su identidad travestí, transgénero o transexual y que se han visto involucradas en algún delito? ¿Debería de establecerse un Centro de Readaptación especial para estas personas? ¿Deben ser trasladadas a un Centro de Readaptación Femenil?

Las personas transexuales, transgénero o travestis que se encuentran en esta situación son trasladas a un Centro de Readaptación Varonil, son separadas del resto de las personas en el anexo 8 de todos los Centros de Reclusión del Distrito Federal.

En dicho anexo, no solamente encontramos a personas con orientación sexual homosexual, sino también con expresión de género trans o travesti. A esas áreas se les denomina de protección, con la finalidad de proteger su condición de vulnerabilidad. La inclusión de personas con esta identidad de género en reclusorios varoniles refuerza el estado de discriminación del que ya son víctimas. La cuestión va más allá de la aceptación forzada de prácticas sexuales con varones.

Ser trans y ser objeto de una detención implica, de facto, pasar por circunstancias denigrantes a nivel de trato. Esto empeora cuando mediante una sentencia condenatoria se remite hacia un Centro de Readaptación Social, ya que se facilita la exposición al abuso sexual asiduo, cometido por los otros internos y por el personal de vigilancia. Implica interrumpir el proceso de hormonización (si se está en esa etapa), ya que dentro de dicho Centro no es posible llevar a cabo el tratamiento. Ello resulta en una violación al derecho a la salud, y seguidamente, la premeditada conducción a la mala atención médica interna. Al interior no se cuenta con personal médico especializado en endocrinología, esto respaldado por las autoridades del Centro Penitenciario.

Las personas trans, no solamente quedan expuestas al trato indigno, sino que se les estigmatiza mediante estereotipos negativos que inciden en el sentido de las sentencias una vez que ha transcurrido el proceso penal. El hecho de portar un nombre y un antecedente corporal masculino, se convierte en un tipo de lastre socialmente sancionable. Se penaliza jurídicamente a un ciudadano que, en su actual condición de mujer trans, debería ser ahora inexistente. Designarles con un “alias” duplica el estigma social de las personas a quienes se les imputa una situación de infracción penal. El registro con determinado alias parece generarles a las autoridades una valoración criminalizante que sesga cualquier forma de impartición de justicia.

El trato en condiciones de igualdad al llevarse a un proceso penal termina desdibujándose, insertándoles al final en una Institución Varonil donde gran parte de la población se encuentra en situación de violencia. Los conceptos de igualdad y dignidad, tendrían que ser la base de las Instituciones y su forma de organización. Es decir, con apego obligado al respeto de los Derechos Humanos. Con esto pretendo remarcar la atención sobre las funciones y formas de organización de las Instituciones encargadas de la protección e impartición de justicia. En ocasiones, dentro de las mismas, los actores sociales emergentes se encuentran en constante denuncia y reclamo de sus derechos por las violaciones que sufren las personas privadas de su libertad de manera sistemática.

La situación de infracción penal hacia una persona trans tendría que contemplar explícitamente el reconocimiento al derecho de ésta a optar por el espacio penitenciario en que deba cumplirla. Con base a su expresión de género y no en visiones prejuiciadas e ignorantes de nuestras autoridades. Un desafío inmediato que va dirigido al Poder Judicial radica en responder si los encargados de diseñar la política penitenciaria entienden cómo incorporar una perspectiva humanitaria que no jerarquice a las personas por su apariencia, preferencias o identidad.

 

Thalia Olivs.Egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Prestadora de Servicio Social por un periodo de 6 meses en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dentro de las 2ª y 4ª Visitadurías. Mujer transexual, activista por los derechos humanos de las personas trans y de todas las luchas que convergen en pro de la dignidad humana. Promotora de Derechos Humanos por Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. como parte de la segunda generación. Voluntaria en el área de redacción del Blog de ASILEGAL A.C. en el apartado de Población Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travestí e Intersex (LGBTTTI). Actualmente coordina la Red Social “Con Los Tacones de Mamá”, que tiene por objetivo reunir a mujeres y hombres de cualquier identidad y preferencia sexual, a fin de compartir experiencias y conocimientos y poder incidir políticamente frente a desafíos en áreas de identidad legal, sensibilización, salud, educación, situación laboral y derechos humanos.

 

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